La Antártida propone impuesto y cupo para visitantes

     El creciente interés turístico por la Antártida ha generado alarma entre científicos y autoridades. En la temporada 2023–2024, cerca de 125.000 visitantes llegaron al continente blanco, una cifra que contrasta con los menos de 8.000 turistas registrados hace tres décadas. Si esta tendencia continúa, se estima que para 2033–2034 podrían alcanzarse entre 285.000 y 450.000 visitantes anuales, lo que pondría en grave riesgo los ecosistemas frágiles de la región.

     Durante las últimas semanas, los países firmantes del Sistema del Tratado Antártico se reunieron en Italia para debatir, entre otros temas, la urgencia de regular el turismo. Aunque este sistema establece directrices para las actividades humanas en el continente, su capacidad de respuesta es limitada. Por su parte, la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida (IAATO) carece de autoridad para imponer límites de visitantes, lo que dificulta una gestión eficaz del fenómeno.

Antártida, Foto: Derek Oyen en Unsplash 

    La mayoría del turismo antártico se concentra en la Península Antártica y se realiza mediante cruceros, cuyas operaciones generan impactos como contaminación del aire, agua y ruido, así como emisiones de carbono que oscilan entre 3,2 y 4,1 toneladas por pasajero. Aunque algunas compañías utilizan combustibles menos contaminantes o compensan sus emisiones, los efectos del cambio climático ya se hacen evidentes en forma de glaciares en retroceso y pérdida de hielo marino.

     Además del impacto climático, los turistas pueden dañar el ecosistema al compactar suelos, pisotear vegetación frágil, introducir especies no nativas o alterar colonias de aves y mamíferos marinos. Estos efectos se agravan si no se establecen límites claros basados en la capacidad de carga ambiental del territorio, la cual aún no ha sido definida con precisión por falta de estudios exhaustivos.

    Expertos de la Universidad de Tasmania proponen el uso de herramientas económicas para regular el turismo antártico. Entre las opciones figuran un impuesto turístico, similar al que aplica Bután (100 dólares por noche), o un sistema de cupos intercambiables, en el que se asignarían permisos limitados para visitas por periodos específicos, con posibilidad de intercambio entre operadores. Estas medidas permitirían financiar la protección ambiental, mejorar la vigilancia y apoyar la investigación científica.

    A falta de soluciones únicas y rápidas, los investigadores concluyen que el enfoque más realista es una combinación de instrumentos de mercado, regulación internacional y certificaciones independientes que promuevan prácticas responsables. La protección de la Antártida no solo es un imperativo ecológico, sino también una cuestión de justicia intergeneracional ante la amenaza de que el turismo termine por destruir lo que millones viajan a admirar.