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     Al principio la implantación de la administración digital tenía como finalidad mejorar la calidad del servicio público ofrecido a los ciudadanos. Pero lo que se ha creado es una imagen de administración pública inaccesible, se limitan las horas atención al público y ni se atiende al teléfono. En si, lo que se busca, en lugar de mejorar la calidad del servicio público, es ahorrar.

      El llamado Estado electrónico condena a la población más vulnerable, menos cualificada, peor equipada tecnológicamente y no familiarizada con el lenguaje administrativo. Por desgracia esto contribuye a reforzar el aislamiento de los vulnerables. Incluso en Francia, la Defensora del Pueblo habla abiertamente de un obstáculo en la senda de los derechos sociales para los usuarios más precarios. Aunque lo intenten se ponen locos de rabia o desesperados ante la pantalla por el complicado acceso a los servicios públicos. Eso conlleva la aparición en paralelo de empresas que gestionan trámites, previo cobro de tarifas, para servicios que deberían ofrecer gratuitamente la administración correspondiente.

       La propia ONU ve en este crecimiento del Estado social digital riesgos ya que provoca en la población un sentimiento de pérdida de control, impotencia e incluso un sentimiento de venganza contra aquellos que han decidido esto, los políticos. Solo falta exigir que los responsables paguen por sus actos: dificultad de conseguir una cita, errores en los trámites, normas incomprensibles, personal público invisible y aguantar lo de Error, página no encontrada al estar atascado el portal correspondiente.