​Desde el 23 F

            Han pasado cuarenta y dos años desde el golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Ese acontecimiento, con independencia de la calificación que se le quiera dar, Fernando Ónega, lo tituló como “felizmente una chapuza”. Lo cierto es que los golpistas “chapuceros” llegaron hasta allí como consecuencia de un lamentble funcionamiento de los sistemas de vigilancia y control. Ello unido a evidentes fallos de funcionamiento y coordinación de las instituciones encargadas de la seguridad nacional, servicios de información de la Policía y la Guardia Civil, así como el CNI.

            A lo largo de estos años se han producido otros tropiezos en los servicios de información, que tienen diversas causas, unas estructurales, otras organizativas y otras derivadas de carencias en la formación del personal, así como en la falta de medios materiales.

            Por ejemplo, resulta inconcebible que las oficinas de empadronamiento, no estén servidas como lo están, por ejemplo en Alemania, por un funcionario del Censo y un miembro de la Policía. De ese modo se puede controlar y, en su caso, detener inmediatamente al individuo en busca y captura que pretenda empadronarse.  Así se evitaría lo sucedido en el caso del 15M en el que uno de los terroristas que se encontraban en el piso franco, estaba en busca y captura internacional, pero empadronado en Madrid.  Se controlan los hospedajes con la comunicación a Comisaría y no se controlan los empadronamientos y arrendamientos, lo que resulta inadmisible.

            En otro ámbito está la falta de control en el acceso a la función pública, que  e muchas ocasiones, a través del sistema clientelar, permite el acceso, mediante influencias, a determinados individuos a puestos de la administración. Y esos hechos solamente afloran cuando se incoa un procedimiento penal, procedimeinto que surge como consecuencia de la falta de eficaces controles en vía administrativa.

            Temas de corrupción, en materia de malversación, tráfico de influencias, contratación y otros, también acceden a los tribunales de justicia como consecuencia de la falta de controles en vía administrativa Esa falta de vigilancia ha surgido, en parte, como consecuencia de la desaparición de los controles que ejercían los funcionarios de cuerpos nacionales (Secretarios, Tesoreros e Interventores) en las corporaciones locales, especialmente en los ayuntamientos. A partir de la modificación de la legislación de régimen local en 1985, se agrava con la autonomía municipal reforzada y al configurarse los ayuntamientos como administraciones presidencialistas.

            En conclusión, entiendo que sería preciso hacer efectivos los controles en la vía administrativa para impedirle a los corruptos consumar sus fechorías en vez de dejarlo todo en  manos de la justicia penal. Si  continuamos dejando que “el río suene”,  muchas de esas conductas seguirán produciéndose. Lo que le interesa  la sociedad es la pulcritud en el funcionamiento de la administración pública. De poco vale que una vez hecho el mal, se juzgue al corrupto, salvo que se siga la praxis atribuida al emperador Trajano “primero devuelve lo que has robado y una vez que repares el mal causado te juzgo”.