Ser o parecer constitucionalista

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Uxia 135

    Si empezamos por el principio, conviene destacar que el Consejo General del Poder Judicial se estableció por la Constitución Española actual de 1978, por influencia de otras Cartas Magnas como la francesa de 1946, que en su Título IX regulaba el Consejo Superior de la Magistratura. Un Consejo General que se rige por su Ley Orgánica, por su propio reglamento interno y es en el artículo 122 de la Constitución donde encuentra los parámetros que deben respetarse en el diseño de su modelo. Un modelo cuyo mandato de nueve años ha caducado actualmente, así como el de algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional.



     La regulación permite que la falta de renovación del Consejo, cuando finaliza su mandato, dé lugar a la prórroga. Un fenómeno que ha de ser evitado en la medida de lo posible pero que aquellos que se erigen como los más constitucionalistas del lugar evocan, mientras serpentean por todas las excusas posibles. Se empeñan en defender lo indefendible, justificando un bloqueo partidista interesado, que se traduce en la elección a la carta del órgano de gobierno de uno de los poderes del Estado, por parte de una oposición instalada en el bloqueo. Algo que se torna innecesariamente complejo, al más puro estilo kafkiano.


     Todo empieza en los tiempos de Casado, oscilando en el veto a Podemos en las negociaciones, en el veto a jueces que habían condenado al PP por corrupción, aludiendo al clima de las elecciones catalanas y madrileñas, recurriendo a los indultos del “procés” o a la figura del presidente del Tribunal Constitucional, que no era de su gusto. Pero la renovación con Feijóo se torna en puro continuismo, proponiendo un plan de regeneración exprés de la Justicia o aludiendo al mal momento de las elecciones andaluzas. Mucho veto, mucho ruido, poco sentido de Estado. 


    El boicot de la derecha a la renovación de este órgano constitucional no es más que el objetivo de controlar las instituciones, de modo que estas funcionen solo cuando ellos están en el poder. Bajo ningún concepto debería atrincherarse el PP durante más tiempo en la negativa a renovar un órgano clave en democracia. Eso no es ser constitucionalista sino continuar fomentando el mal endémico de la corrupción, con un flagrante incumplimiento de la legalidad.


     Es este un modo de entender el sistema de manera que, controlando a la cabeza, se controla todo el cuerpo y de una forma especial los nombramientos discrecionales. ¿Qué calidad democrática ofrecemos así a la opinión pública? Sin duda, el secuestro a la Constitución abocará a nuestro país a la cronificación de una situación institucional anómala que ya dura demasiado tiempo.


     En un alarde de ejemplaridad simulan el efecto de la politización de la Justicia por el Gobierno, pero ¿acaso no hay mayor politización que cambiar las reglas del juego vigentes por interés?, ¿no es eso oportunismo? El cambio de mandato no se trata de un capricho, sino de un deber. Así nos lo traslada Europa, a través del informe del Estado de Derecho de 2022 de la Comisión, cuando insta a que se proceda a la renovación del Consejo General, con carácter prioritario, y su posterior reforma. 


     Es fundamental cumplir la Ley. Sin condiciones ni confusiones en el voto. Porque no es solo parecer constitucionalista, también hay que serlo.




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