Esta España nuestra sigue siendo caciquil

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    Cuando nos aproximamos al caciquismo, nos lo relacionan con el pasado, se alude a su consolidación durante la Restauración (1874-1902). Ese sistema permitió que conservadores y liberales mantuvieran la alternancia en el poder frente a cualesquiera otros.  La dictadura de Primo de Rivera, intento acabar con aquella estructura caciquil. Sin embargo, esa lucha contra el caciquismo tuvo un corto trayecto. Se crearon los llamados delegados gubernativos enviados a provincias. Muchos acabaron en muchos casos convirtiéndose en sustitutos de los caciques y otros vieron imposibilitada su labor regeneradora por la acción de los jueces, que formaban parte de las redes caciquiles.


       El clientelismo político generado por el caciquismo es un intercambio extraoficial de favores, mediante el cual los cargos políticos acomodan la concesión de prestaciones en el ejercicio de la función pública o de contactos relacionados con ella a determinados individuos, a cambio de apoyo electoral y de otras contraprestaciones.


       En consecuencia, esa praxis significa la utilización de la Administración pública para intereses teóricamente del partido, pero que en realidad están destinados al beneficio personal y exclusivo del cacique.


       Esa forma de proceder que se nos presenta como algo pasado y que algunos atribuyen a la que fue la España profunda, en realidad es una actividad que está totalmente vigente en la política y en la administración española. Es vox populi que, si quieres que tu asunto marche, tienes que buscarte un amigo. La respuesta muy frecuente del funcionario, cuando preguntas por el desarrollo de la tramitación de tu expediente, es: “tiene que hablar con el alcalde” o ¿habló con el concejal?


       Es evidente que el caciquismo está vigente a todos los niveles. Una prueba de ello ha sido el acuerdo para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, por cierto, el más alto órgano de control jurídico en el Estado español. Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez obtuvieron sin problema el aval de la comisión consultiva de nombramientos del Congreso sin grandes reproches a su trayectoria con PP y PSOE escenificando su acuerdo para renovar el Constitucional.


      Odón Elorza sacó a colación el "trágala" para ensalzar el acuerdo como una "solución de un problema que era un bloqueo tremendo de los órganos constitucionales". Pues bien, eso es caciquismo puro y duro, tú me das yo te doy. Yo te nombro, tú me debes.


     Isabel Borrego, para rematar la faena, afirmó a continuación: "Si los candidatos que se han presentado no tuvieran la categoría adecuada no haríamos este acto". Y yo me pregunto ¿a que categoría se refiere?


      La conclusión que podemos obtener es que el caciquismo está presente en nuestra España a todos los niveles y esa forma de actuar si no es una forma de corrupción, es cuando menos una indecencia. Votar a alguien para un puesto tan relevante que se considera inadecuado, para que como contrapartida voten a mi candidato es deshonesto y una forma de perduración del clientelismo. Es decir, el caciquismo perdura con total descaro y esos magistrados, que deben ser imparciales, necesariamente tienen una deuda con sus electores. Resulta que estos políticos actúan así pensando que los españoles somos tontos y aún nos chupamos el dedo.

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