La independencia del Poder Judicial

Llevamos años asistiendo al debate sobre el que llaman intento de politización de la Justicia. Ese debate se centra fundamentalmente en su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial. Es una disputa, que tiene cierta relación con las enfermedades endémicas o con la historia interminable. Ese planteamiento se ha vuelto cansino y en cierto modo confuso. Esa es la razón por la cual la ciudadanía, como consecuencia del hastío que provoca esa controversia mantenida en el tiempo, se aparte de la polémica y la observe con lejanía.

Probablemente para los que luchan por el poder su interés sea que los ciudadanos se cansen del tema y así los interesados en el control utilicen el término politización, eufemismo que se adopta para encubrir el intento de control y, en consecuencia, eliminar cualquier atisbo de independencia.

La independencia personal es un ideal, siempre van a existir condicionantes de tipo personal, familiar o social, que influyen en nuestra toma de decisiones. Quien diga lo contrario o miente o simplemente está muy equivocado. Aunque la independencia total es un objetivo inalcanzable, nuestro propósito debe ser alcanzar el mayor grado de independencia personal.

De la independencia de las personas que conformen o formen parte de una institución o un organismo, va a depender el grado de independencia de esa institución u organismo.

En este caso, con relación al Consejo General del Poder Judicial, si nos adentramos en el debate sobre la forma de elección de sus miembros, estaremos siguiendo el juego a quienes no quieren un poder judicial independiente. Me refiero a tirios y troyanos, así como a todos los puntos cardinales de los partidos políticos y asociaciones de Jueces. La realidad es que solamente buscan cuotas de poder para sí mismos o para su grupo, pero eso no es lo que interesa a la Justicia, y mucho menos a los ciudadanos.

Creo que una forma de evitar esos intentos de ataque al baluarte de la Justicia, sería olvidarse de la designación por votación e ir a un procedimiento de selección por mérito y capacidad.

Cuando hablo de selección, no me refiero a las que imperan en este país que no sirven para elegir por mérito y capacidad, sino por conveniencia o por componenda. Me refiero a un procedimiento en el que los méritos para acceder al cargo de consejero han de estar preestablecidos, por consenso y permanentes en el tiempo. Por supuesto nada de entrevistas personales ni criterios basados en la discrecionalidad que han sido los caminos para designar cada uno a los suyos, muchas veces a través de componendas y contubernios.

Me refiero a un sistema en el que estén preestablecidas las características personales y los méritos, académicos, de formación, de investigación y trabajo. Esos baremos no son difíciles de establecer, pero ese procedimiento de selección no le interesa, ni a los partidos políticos, ni a las propias asociaciones de jueces, ni a ciertos jueces. Son todos ellos políticos con ansia de poder, de uno u otro signo, buscando alcanzar las máximas cotas de supremacía. En consecuencia, no pretenden conseguir un Poder Judicial independiente sino autocrático.

De esta cuestión no podemos desentendernos los ciudadanos y dejarlo en manos de esta gente, porque nos van en ello la defensa de nuestras libertades y de nuestros derechos.