La incertidumbre política aumenta

El 17 de mayo, asistíamos estupefactos a la apertura descontrolada de las fronteras marroquís. El asunto del Sahara y la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, parecen ser los principales desencadenantes de este grave conflicto diplomático con Marruecos. Una nación a la que no le importó manipular o hacer sufrir a sus niños y jóvenes,  con tal de intentar meter miedo a nuestro país. 

    La oposición, mezcló un firme apoyo al Gobierno en la defensa de nuestras fronteras, con una fuerte crítica al mismo en relación a los motivos que originaron esta crisis. Una semana y media después, el Gobierno español manifestó su clara intención de indultar a los presos del "Procés" a pesar de la oposición clara y rotunda, aunque no vinculante del Tribunal Supremo. No contento con eso, Pedro Sánchez manifestó su deseo de una reforma legal en los delitos de rebelión y sedición. Las reacciones  no se hicieron esperar. Los partidos políticos Ciudadanos, P.P, y V.O.X, convocaron para el 13 de junio, una concentración contra los indultos en la Plaza Colón de Madrid. Hace unos días, un juez de la Audiencia Nacional imputó por el espionaje a Bárcenas en la operación Kitchen, a la ex secretaria general del P.P, María Dolores de Cospedal  y a su marido, Ignacio López de Hierro. Todavía quedaba un bombazo informativo a la altura del  adelanto electoral realizado en marzo por Isabel Díaz Ayuso. ¡Oriol Junqueras apoya los indultos y resalta que únicamente un referéndum pactado conllevaría  un "reconocimiento internacional inmediato"!

     Estamos en un momento decisivo para el Partido Popular. Renovarse o morir. Debe  buscar una oposición más constructiva y abandonar el inmovilismo, facilitando que bastantes aspectos de nuestra Constitución sean objeto de una nueva reforma consensuada por los partidos políticos y aprobada por todos los españoles en un futuro referéndum.  

     Asimismo, los partidos de izquierdas o independentistas deben entender que legalmente Cataluña y País Vasco son parte de España. Por lo tanto, un posible referéndum de independencia debería regularse en una nueva reforma constitucional y requerir la autorización de los electores de TODA España. Si una familia se planteara abandonar una Comunidad de Propietarios, el resto de vecinos necesitaría comprobar la ausencia de deudas económicas u otros perjuicios tras su posible marcha. Así, tras analizar los pros y los contras manifestados por las diferentes fuerzas políticas, los españoles votarían a favor o en contra de dejar a los catalanes decidir sobre su futuro territorial.