La trampa de Trump

El día de Reyes, muchos observábamos estupefactos y con preocupación a miles de personas asaltando el Capitolio con bastante facilidad, tras el incendiario discurso de Donald Trump. La gran mayoría de estos extremistas, estaban convencidos que con esa invasión salvarían a su nación, del para ellos “indiscutible robo electoral” que le habían infringido a su queridísimo líder. Ningún presidente predecesor ha contribuido a deteriorar la imagen democrática de esta gran potencia, como lo ha hecho este “showman peligroso”. A pesar de este casi surrealista suceso, la mayoritaria movilización política y de los medios de comunicación contra esta tropelía, y la ausencia de importantes disturbios civiles posteriores, han demostrado la fortaleza y calidad democrática yanqui. En relación a este aspecto, el prestigioso semanario británico “The Economist” ha publicado el Índice de Democracia de 167 países en 2019. El ranking clasificatorio se ha obtenido a través de un promedio ponderado, basado en las respuestas brindadas por varios expertos a un cuestionario comprendido por unas 60 preguntas. A pesar de estar por detrás de Alemania, Reino Unido, Canadá, Australia y muchos de los países del Centro y Norte de Europa, España ocupa una honrosa 19ª posición superando entre otros, a Corea del Sur, Japón, Portugal, Italia, y dos de los países pioneros en la creación y desarrollo de las sociedades democráticas: Francia y Estados Unidos.

En general, las generaciones que vivieron los últimos años de Franco, la Transición, los atentados de ETA y el 11 M, han sabido impulsar y defender los valores esenciales de nuestra democracia en momentos complicados: aprobación de la Constitución Española, manifestaciones multitudinarias contra el golpe de Estado de 1981, ETA, Guerra de Irak y 11-M. No obstante, debemos estar vigilantes contra las presentes amenazas de los populismos y nacionalismos radicales, vulneraciones de la separación de poderes, corruptelas institucionales… y no quedar anclados en el pasado, solicitando una seria reforma constitucional que dé una salida satisfactoria a los crecientes problemas territoriales, socioeconómicos y medioambientales para los que la actual Carta Magna de 1978 queda bastante anticuada.