Funcionarios y políticos

El artículo 14 de la Constitución Española, dice que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” . Sin embargo, los muchos  criterios “subjetivos” que todavía se utilizan para decidir si una persona será o no funcionario, y  las importantes diferencias salariales entre funcionarios de distintos Ayuntamientos, Comunidades Autónomas o diferentes instituciones estatales que realizan el mismo trabajo, me señalan que aún existen muchas discriminaciones personales o sociales.

   Un ejemplo que bien puede reflejar parte de esta problemática, lo encontramos dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en donde guardias civiles y policías nacionales, siguen lejos de los sueldos de los Policías Autonómicos, a pesar de la subida salarial de los dos últimos años. Asimismo, encontramos graves brechas salariales entre Policías locales de distintos Ayuntamientos. Por una parte, los policías locales en Madrid, Málaga y muchas localidades de Canarias cobran más de 2000 euros netos de media, mientras que los de otras muchas localidades españolas no llegan a los 1500 euros. Podríamos seguir ahondando en las brechas salariales de las distintas localidades o autonomías, aún sin resolver, entre profesores, sanitarios, funcionarios de prisiones, justicia, etc, etc.

    El problema radica en la carencia de leyes y reglamentos estatales que regulen los sueldos de los empleados públicos locales, regionales y centrales, atendiendo principalmente al nivel de desempeño, función, horario, condiciones laborales y coste de la vida en la localidad de destino. Hoy en día, muchos políticos de ámbito local y regional, siguen influyendo demasiado en el aspecto laboral y salarial de muchos funcionarios, los cuáles, se ven tentados a realizar algunas actuaciones u omisiones en función de intereses egoístas propios o ajenos, pero contrarios a las leyes, reglamentos e intereses generales de la sociedad. Miles de funcionarios a la hora de trabajar, están presionados para devolverle el favor al dirigente local o regional de turno, que influenció decisivamente en un mejor horario, condiciones laborales, la importante subida salarial de sus complementos salariales, consecución de su plaza fija, o en la de un familiar. En definitiva, se encuentran dentro del sistema de la “cadena de favores”, tan arraigada en muchos niveles públicos y privados de nuestra compleja sociedad española.

   ¿Nos acordamos de los casos de funcionarios que cobraban un buen sueldo sin casi acudir a sus puestos de trabajo?. ¿Nos acordamos del pago de 12 o 13 millones de las antiguas pesetas, para conseguir una plaza de Policía Local en algún Ayuntamiento de cuyo nombre no me quiero acordar?. Si el PSOE y Unidas Podemos consiguiesen formar gobierno con mayoría simple o absoluta, he aquí, un aspecto del artículo 14 de la Constitución Española, necesitado de un importante  desarrollo legislativo y reglamentario, para la disminución del nivel de corrupción política y  el aumento de la igualdad entre los empleados públicos que desempeñan similares funciones.